Los derechos históricos de Cataluña. La devolución

Agraïm a la historiadora i bona amiga Eva Sans la troballa d’aquest article escrit l’any 1977 per el Comte de Alba de Liste al diari  La Vanguardia. Tingueu en compte la època en que està escrit i publicat i quin és el diari que ho va publicar.

Com és possible que els nostres polítics i opinadors  actuals puguin ignorar-ho?

Us deixem l’article en el seu idioma original:

La Vanguardia Espanyola  7 de Mayo de 1977

Los derechos históricos de Cataluña

La devolución

Deciamos hace un mes en estas columnas que la devolución de los derechos históricos de Cataluña debía surgir merced a un pacto entre el Rey y su pueblo, si margan de Gobiernos y Parlamentos, ya que creemos que cualquier discusión en estos campos, derivaría en incomprensiones y enfrentamientos, regateos en suma, que dejan mal sabor a ambas partes sin resolver nada definitivo, pues otro Gobierno y otras Cortes de signo distinto podrían anular en cualquier momento el trato alcanzado. La personal intervención real daría al pacto un rango superior y como tal vinculante, para la Monarquía y para la dinastía y, recíprocamente, para los catalanes con ambas.

Los reinos de la Casa de Barcelona-Aragón son en la historia de Occidente un ejemplo de Monarquía limitada, en la que la representatividad de todos los estamentos conforma una soberanía compartida y solidaria. En la cúspide de las instituciones, el monarca asume la función egregia de velar para que leyes, costumbres e incluso sentencias, se ajusten a la Ley Natural, Ley Moral, que está en la conciencia de todos los catalanes, Y ello dentro del estricto rigor de unas formas de Derecho respetadas instintivamente por todos, ya que tienen la solvencia del rodaje de los siglos.

Nosotros, los catalanes, gozamos de libertades concretas amparadas tanto por el Derecho Consuetudinario como por el Derecho Escrito mucho antes que ningún otro pueblo de la tierra.

A la muerte de Martín el Humano, que no designa sucesor, la Corona Múltiple de la Confederación Catalana-Aragonesa adviene al hijo de una hermana mayor del último rey el príncipe de Antequera, en el que recae el Fallo del Supremo Tribunal de Caspe, en la famosa sentencia, tenida por los juristas de Europa como excelsa «Beatificata et Santifícata». A partir de dicha sentencia no quedan dudas sobre el carácter paccionado de nuestra Monarquía. El pacto entre el soberano y la representación legítima de su pueblo seguirá vigente y los dos reyes siguientes, sus hijos, presidirán una época en la que coincidirán filósofos del derecho, y juristas de talla nunca superada. Por ello, el proceso de las libertades concretas seguirá su curso ascendente.

La visión del origen de la soberanía de Tomás Mieres, el gran jurista gerundense coetáneo de los tres primeros monarcas de la Casa de Trastámara, es infinitamente más verosímil y ajustada a la realidad histórica que el «Contrato Social» roussoniano, a fin de cuentas una elucubración, como fruto de la mente de un misógino onanista.

Para Mieres fueron las casas vecinas las que pactaron de antiguo derechos y deberes recíprocos; de ahí la consecuente descentralización natural y simple,le que puede hacer el individuo por sí mismo no lo hace la casa por él, y así sucesivamente, io que puede conseguir la casa se excluye del ámbito del pueblo o municipio; lo que éste de la comarca, lo que ésta de . la región y lo que es capaz de realizar la región no tiene por qué pretender hacerlo el Estado.

Estamos, pues, ante algo más compiejo y más válido qué un elemental Estatuto, son estatutos personales y locales que garantizan de hecho y de derecho libertades a todos y a cada uno, nunca más mantenidas con ningún sistema totalitario, cesarista, autocrátíco, partitocrático, ni mucho menos a base del aparente colectivismo de los marxismos, que igual si se trata deí socialismo que alcanza el poder por unos votos de mayoría que el comunismo que lo consigue por un golpe de fuerza afortunado, el resultado será la tlranización buro-crática por los que manden. No sólo mandaren en la política general del Estado, sino que dispondrán a cuenta de que todo es de todos también del poder económico de los ciudadanos y campesinos. La fórmula podrá disfrazarse con todos los argumentos de justicia distributiva que se quiera, pero el resultado habrá sido para los dirigentes triunfadores una hegemonía monstruosa.

La consigna será: «Toda riqueza para el Estado y el disfrute de esa riqueza para nosotros que tenemos en nuestras manos las riendas de aquél».

Nuestros derechos históricos hacen esos despropósitos imposibles: el «Pacta Sunt Servanda», el «Tractes son tractes», el «Tractes fan i desfan liéis» son principios básicos que durante siglos forjaron esa realidad incontestable que es Cataluña, Realidad que en lo esencial es un concepto de vida basado en la Ley Moral, lo público y. lo privado se entrelazan en un mismo sentido de respeto para la dignidad de la persona. Desde final del primer milenio, con las Assemblees de Pau i Treva hasta 1640 el progreso de las gentes de aquí está condicionado a la observación por todos dé la Ley Natural. El intento cesarista del ministro universal de Felipe IV, origen de la guerra secesionista, tras diecinueve años de lucha, termina restableciendo el «Status quod ante», esto es, un nuevo pacto entré el Rey y su pueblo catalán que recupera aquello que nunca debió ser discutido.

El descalabro del 11 de septiembre dé 1714 no tendrá tan halagüeño resultado, el pacto político desaparecerá, si bien vidas y haciendas serán respetadas después de la rendición incondicional.

La elevación del nivel de vida que sobrevendrá en los sucesivos reinados de los dos hijos de Felipe V, Fernando VI y Carlos III, será consecuencia del auge del privatismo, que el mantenimiento del derecho propio ancestral facilitará principalmente.

La abstención en lo económico de la Administración en el siglo XIX consolidará el sentido privatista’ de libre iniciativa y estímulo con resultados positivos. Al poder” se le pedirá sólo paz pública, cuando ésta se erosione y como consecuencia inmediata la prosperidad individual o colectiva se interrumpa o retroceda la querencia hacia regímenes de autoridad será mayoritaria.

Los derechos históricos nuestros son mucho más que un articulado estatutario por minucioso y perfecto que éste pudiera ser. De lo que en realidad se trata es de reponer el «Status quod ante» al decreto de Nueva Planta de 1715.

Si un rey, legítimo descendiente de Jaime I, alteró después de una guerra dinástica el pacto ancestral entre soberano y pueblo que corresponda a su séptimo nieto S, M. don Juan Carlos I el acto de justicia de restaurar aquel pacto.

En el actual Rey de España se acumulan líneas de descendencia directa de, don Jaime I, por parte paterna y materna, jamás igualadas por nadie.

La legitimidad y la permanencia de la devolución imponen ese camino como válido y definitivo.

A la unidad se llega por el mutuo consenso del convencimiento y éste no seré posible si no coincide lo legal con la verdad histórica y la justicia, Senyor Reí! Catalans! O ara o mai.

Conde de ALBA DE LISTE

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